EE. UU. se rebela contra los megacentros de datos de la era de la IA

En todo Estados Unidos crece una ola de rechazo contra la expansión masiva de centros de datos impulsada por el auge de la inteligencia artificial. El conflicto ha saltado de los activistas ambientales a las más altas esferas políticas y ya está cambiando agendas legislativas.

Nueva York encabeza la respuesta con un proyecto de ley que propone una moratoria de tres años para conceder nuevos permisos de construcción de centros de datos en todo el estado. Durante ese tiempo, las autoridades estudiarían su impacto ambiental, energético y económico. La iniciativa, promovida por la senadora estatal Liz Krueger y la diputada Anna Kelles, se presenta como la propuesta más dura del país.

Aunque ningún veto estatal se ha aprobado aún, los bloqueos locales se multiplican. Ciudades como Nueva Orleans y Madison (Wisconsin) ya han impuesto pausas temporales a nuevas construcciones, y decenas de localidades en estados como Georgia y Michigan han seguido el mismo camino ante el ritmo acelerado de proyectos.

El malestar va más allá del ecologismo. Gobernadores y congresistas de todo el espectro ideológico usan el descontento popular con las grandes tecnológicas para impulsar límites a la industria. En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha planteado una especie de “carta de derechos” de la IA que permitiría a las comunidades restringir nuevos centros de datos. Bernie Sanders ha pedido incluso una moratoria nacional, mientras que en Arizona la gobernadora Katie Hobbs se ha mostrado a favor de retirar incentivos fiscales al sector.

Este giro político choca con los planes de las grandes tecnológicas. Amazon, Google, Meta y Microsoft prevén gastar unos 650.000 millones de dólares en el próximo año, en su mayoría destinados a nuevas infraestructuras y centros de datos, con aún más inversiones anunciadas a medio plazo.

La opinión pública tampoco acompaña. Un sondeo de Echelon Insights indica que el 46% de los encuestados rechazaría un centro de datos en su comunidad, frente a un 35% favorable. Otro estudio citado por Politico muestra que, aunque hay preocupación, buena parte del electorado aún no tiene una postura firme, lo que abre la puerta a campañas de influencia. El sector ya prepara una ofensiva de lobby y publicidad dirigida específicamente a las zonas donde quiere instalarse.

Las compañías han empezado a ofrecer concesiones, como promesas de asumir el coste de nuevas infraestructuras eléctricas para sus centros, o compromisos de no cargar esos gastos a los consumidores. Sin embargo, no está claro que baste para calmar el temor a más contaminación, ruido, consumo de agua y subida de tarifas.

En Estados como Nueva York, la preocupación se mezcla con una crisis de asequibilidad energética. Ante el aumento de las facturas de luz y gas, un grupo de 30 legisladores pidió a la gobernadora Kathy Hochul declarar un “estado de emergencia energética”. Aunque hay varios factores que encarecen la energía, existe consenso en que el crecimiento de los centros de datos empeora el problema.

A la presión sobre la red eléctrica se suma una nueva tendencia: las grandes tecnológicas construyen sus propias fuentes privadas de energía, una especie de “red en la sombra” para alimentar sus enormes instalaciones. El caso más visible es el de xAI, la empresa de Elon Musk, que montó turbinas de gas metano para su megacentro de datos “Colossus” en Memphis. La compañía intentó operar sin permisos de calidad del aire, pero la Agencia de Protección Ambiental dictaminó que lo hacía de forma ilegal. Grupos ambientalistas la acusan de emitir contaminación peligrosa y ya preparan demandas.

En paralelo, se reabre el debate sobre los incentivos fiscales. Durante años, la mayoría de estados han ofrecido exenciones de impuestos sobre ventas y otros beneficios a los centros de datos. Un análisis de CNBC calculó que 16 estados perdieron alrededor de 6.000 millones de dólares en ingresos en cinco años por estos incentivos. Ahora, legisladores en lugares como Georgia y Ohio impulsan leyes para eliminar esas exenciones, argumentando que las tecnológicas no necesitan más ayudas y que el dinero debería ir a aliviar las facturas eléctricas de la población.

Otros, en cambio, defienden mantener o incluso blindar los beneficios, como un diputado de Colorado que propone asegurar las exenciones por 20 años con la idea de que los centros de datos, una vez instalados, generan ingresos estables para las comunidades. Representantes de la industria sostienen que estos proyectos aportan grandes sumas a las arcas locales sin cargar demasiado los servicios públicos y advierten de que, si se retiran los incentivos, muchas localidades perderán una oportunidad clave de ingresos.

El choque de intereses deja claro que los centros de datos han pasado de ser una infraestructura casi invisible a convertirse en un campo de batalla político y social. En juego están el modelo energético, fiscal y territorial de la era de la IA, así como quién paga realmente el coste del boom tecnológico: las empresas que se benefician o las comunidades que los acogen.